Corrupción policial: rechazaron las excarcelaciones para dos imputados

Los cuatro efectivos están presos en la unidad 30.

Los pedidos de liberaciones para los policías azuleños José Luis Arrubia y Emiliano José Sparaíno habían sido presentados por el abogado que los está patrocinando y fueron denegados por el Juez de Garantías que entiende en la causa. Ese mismo abogado solicitó la eximición de prisión para dos policías más que hasta el momento no han sido procesados.

 

El Juez de Garantías que entiende en la causa penal que tiene presos a cuatro policías del Área de Seguridad Vial procesados por hechos de corrupción rechazó las excarcelaciones de dos de los imputados, en respuesta a un pedido que había sido presentado por el abogado que defiende a esos efectivos de seguridad.

 

Además Juan José Suárez -el titular del Juzgado de Garantías número 3 con sede en los Tribunales de Azul- tiene que resolver en estos días dos pedidos similares que fueron presentados para los otros acusados.

 

Mientras tanto, todos esos efectivos de seguridad -dos capitanes, un subcomisario y un oficial subinspector pertenecientes a la Policía de la Provincia- continúan detenidos en la Unidad 30, después de que se habían negado a declarar cuando fueron indagados por esos ilícitos que les imputan.

 

A esa cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense que está situada en la ciudad de General Alvear habían sido trasladados desde la Delegación Azul de la Policía Federal Argentina el pasado sábado 12 del corriente mes.

 

Dos días antes, es decir el jueves 10, los cuatro efectivos de seguridad habían sido detenidos durante una serie de allanamientos ordenados en el marco de esa Investigación Penal Preparatoria que está llevando adelante desde la UFI 1 departamental con sede en los Tribunales de Azul el fiscal Marcelo Fernández.

 

Esos procedimientos en las dependencias de seguridad donde los policías desempeñaban funciones -los destacamentos de Seguridad Vial que están en Tandil, Azul, Las Flores y Monte- incluyeron también que fueran requisados sus vehículos y que se allanaran las casas donde viven.

 

Los policías que están presos habían sido identificados como Emiliano José Sparaíno, nacido en Azul y de 36 años años; José Luis Arrubia, también oriundo de esta ciudad y de 48 años; Javier Enrique Murray (47), que había sido detenido en Las Flores; y Raúl Exequiel Ferreyra, de 34 años.

 

Los pedidos de excarcelaciones que el pasado martes el juez de Garantías Suárez denegó habían sido presentados por el abogado Néstor Musa para los dos policías azuleños a los que defiende: el capitán Arrubia y el subcomisario Sparaíno.

 

Mientras que el primero de los efectivos mencionados desempeñaba funciones en el Destacamento de Seguridad Vial ubicado en el kilómetro 298 de la Ruta 3, en jurisdicción de Azul; desde marzo pasado Sparaíno estaba a cargo de la seccional que está en Tandil cuando también fue detenido como uno de los imputados en esa causa penal que instruye el fiscal Fernández.

 

Todos los policías que están presos figuran acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, tráfico de influencias y omisión ilegítima de los deberes de funcionario público.

 

Teniendo en cuenta la calificación que en principio tiene la causa y que el delito más grave que se les atribuye a los efectivos de seguridad contempla penas que van desde los tres a diez años de prisión, el juez Suárez consideró que las situaciones procesales de Arrubia y Sparaíno no se encuadraban dentro de los supuestos establecidos para que fueran excarcelados.

 

Eso hizo que rechazara los pedidos para que ambos funcionarios policiales azuleños recuperaran la libertad.

 

Además, esos montos de pena ya referidos evidencian para el magistrado una eventual “presunción legal de elusión de la justicia” en caso de que queden libres, otro de los motivos por los cuales denegó las excarcelaciones de los policías azuleños.

 

“Siendo el monto de la pena un parámetro válido para inferir el riesgo procesal de elusión de la justicia” -escribió en el dictamen el titular de Garantías 3 citando jurisprudencia de la Cámara Penal departamental al respecto- y al no encuadrar las situaciones de ambos policías en esas excarcelaciones solicitadas por el abogado que los está patrocinando, el juez concluyó que en este caso en particular “se advierte la presunción de fuga derivada del alto monto de pena en expectativa antes mencionada”.

 

Aspecto que desde el punto de vista del magistrado “tiene la entidad suficiente, por ser un elemento objetivo de prueba, para fundar el rechazo del beneficio solicitado, sin violar principio o garantías constitucionales”, señaló también en ambos dictámenes.

 

“Por lo tanto, no existiendo otro medio menos lesivo que igualmente garantice el sometimiento a proceso (de los dos imputados), esta medida de coerción no resulta, a este momento de su dictado, desproporcionada con relación al fin perseguido”, concluyó.

 

Teniendo en cuenta lo sostenido por el juez de Garantías Suárez con relación a dos de los policías imputados, es muy probable que -por los mismos argumentos esgrimidos por el magistrado en los dictámenes citados- tampoco prosperen los pedidos de excarcelaciones sobre los que tiene que resolver en estos días con relación a los otros detenidos: el capitán Murray y el oficial subinspector Ferreyra.

 

Ambas solicitudes habían sido presentadas en el Juzgado de Garantías 3 por los abogados que patrocinan a esos policías. En el caso de Murray, el defensor Oficial Diego Prado; y en el de Ferreyra otro defensor Particular: Rodolfo Baqué.

 

    El dato

 

Los nombres de dos policías más han surgido ahora en el marco de esta investigación penal que se está llevando adelante. Según fuentes judiciales señalaron a EL TIEMPO, para ambos efectivos de seguridad -cuyas identidades en principio no trascendieron- el abogado Néstor Musa había presentado en el Juzgado de Garantías 3 sendos pedidos de eximición de prisión. Pero todavía el juez Suárez no se expidió sobre dicha solicitud, a la espera de que avance esa causa que sigue instruyendo el fiscal Fernández y si, finalmente, esos policías aparecen también como imputados.

 

ACUSADOS DE COBRAR COIMAS EN LAS RUTAS

 

Mientras que el fiscal Marcelo Fernández continúa reuniendo elementos para solicitar en los próximos días que las detenciones de los policías sean convertidas en prisiones preventivas, pedidos que serán presentados ante el mismo Juez de Garantías que días atrás denegó las excarcelaciones de dos de los acusados, los elementos reunidos hasta el momento en esta Investigación Penal Preparatoria podrían incluir que más efectivos de seguridad sean procesados.

 

Esa afirmación se basa en dos aspectos surgidos desde la propia investigación penal. Uno de ellos se relaciona con los pedidos de eximición de prisión presentados para dos policías que hasta el momento no han sido procesados. El otro, con lo que el propio juez de Garantías Suárez sostuviera días atrás, en ocasión de que diera lugar a los pedidos del fiscal Fernández para los allanamientos y las detenciones de los cuatro policías que ahora están en la Unidad 30.

 

La “operatoria ilícita” que les están imputando a los efectivos de seguridad, al parecer, implicaba el cobro de coimas a conductores -y también a empresas de transportes- de vehículos que circulaban por las rutas 3 y 226.

 

En ese corredor vial están situadas las dependencias policiales donde los imputados desempeñaban funciones.

 

A criterio de los investigadores, ese accionar delictivo no sería desconocido “por los superiores jerárquicos de los nombrados –se mencionó en alusión a los cuatro policías que están presos-, que probablemente también recibieron sumas de dinero para omitir todo acto tendiente a hacer cesar el modus operadi”, había sostenido el juez de Garantías Suárez cuando ordenara las detenciones de los capitanes Arrubia y Murray, del subcomisario Sparaíno y del oficial subinspector Ferreyra.

 

Tras una denuncia formulada en Tandil, a los policías se los está investigando por el accionar desplegado desde enero a inicios de este mes.

 

En principio, está demostrado que “un grupo conformado por personas conocidas entre sí por sus vínculos laborales y de amistad o trato frecuente, quienes revisten la calidad de funcionarios policiales, entre los que podemos identificar a Javier Alberto Murray -que desempeñaba tareas en el Destacamento de Seguridad Vial de Las Flores y vive en esa ciudad-; José Luis Arrubia -domiciliado en Azul, donde trabajaba en la seccional que está en el kilómetro 298 de la Ruta 3-; Raúl Exequiel Ferreyra -con funciones en el Destacamento Vial de San Miguel del Monte- y Emiliano José Sparaino -que estaba a cargo del destacamento de Tandil- integraron en forma organizada una asociación con el propósito colectivo de cometer delitos en perjuicio de distintas personas en el ámbito jurisdiccional perteneciente a la Superintendencia de Seguridad Vial”.

 

Ese ámbito estaba delimitado por el ya mencionado corredor vial “de los distintos partidos que conforman la Jefatura Zonal de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Bunos Aires”, a través de las seccionales policiales allanadas el pasado jueves 10 de mayo, que están ubicadas en Tandil, Azul, Las Flores y Monte.

 

“En dicha asociación, integrada al menos por Murray, Arrubia, Ferreyra y Sparaíno, los mencionados -desempeñando distintos roles y funciones, abusando  de sus cargos públicos y amparándose en su condición de pertenecer a fuerzas de seguridad encargadas de la seguridad vial- solicitaban y exigían en forma indebida la entrega de distintas sumas de dinero a diferentes empresas de camiones y conductores de vehículos de menor y gran porte, dejando de controlar a los mismos, evitando exigir la documentación obligatoria para el transporte de mercaderías, Verificaciones Técnicas Vehiculares, luces reglamentarias, cubiertas, comprobante de seguros, etc, a lo que estaban obligados según la normativa impuesta por la reglamentación vial”, describió el Juez de Garantías.

 

Otras actividades ilícitas que se les atribuyen a los policías que están presos incluían “la liberación de controles de transportes en reiteradas ocasiones, solicitando la omisión del levantamiento de actas de infracción por parte de otras dependencias viales respecto de aquellos transportistas que accedían a sus pedidos de sumas de dinero u ofreciendo dádivas a cambio”.

 

De esa manera, hacían valer “indebidamente sus influencias ante otros funcionarios públicos para que no realicen los actos propios de sus incumbencias”.

 

Entre las pruebas que involucran a los policías que están presos en la cárcel de General Alvear figuran más de seiscientas horas de escuchas, luego de que los teléfonos de los encausados fueran intervenidos en el marco de lo que está siendo esta Investigación Penal Preparatoria.

Texto: Gentileza José Fabián Sotes, Diario El Tiempo, Azul.

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