El fiscal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por el supuesto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, a raíz de la compensación por la devaluación del peso a las compañías distribuidoras de gas que va a generar una fuerte suba en las boletas del servicio.

"He decidido hacer una denuncia con la resolución número 20/2018, que establece un aumento en la tarifa del gas retroactiva, porque trata de compensar a las empresas distribuidoras por el período de abril a septiembre por el aumento del dólar", afirmó en diálogo con radio La Red.

El fiscal sostuvo los usuarios "ya han hecho pagos" respecto de esos períodos y detallo que "uno de los efectos del pago es la cancelación total".

"No se puede en modo alguno quitarle esa entidad jurídica que tiene justamente el acto jurídico -valga la redundancia- del pago", agregó.

El viernes, el Gobierno dispuso a través de una resolución que las de gas cobren un monto extra a los usuarios para compensar a las productoras por las diferencias generadas por la suba del dólar entre abril y septiembre. El nuevo cargo comenzará a regir desde el 1 de enero y será en 24 cuotas.

La medida se suma al incremento en ese servicio de entre el 30 y el 35% que comenzó a regir el lunes pasado y generó fuertes críticas.

Mediante la resolución 20/2018, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía decidió habilitar "en forma transitoria y extraordinaria" un mecanismo de "recupero de las diferencias diarias acumuladas entre el precio previsto en los contratos y el reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución" desde el 1 de abril y hasta el 30 de septiembre.

La decisión ya generó reacciones y los intendentes peronistas adelantaron que irán a la Justicia contra la suba del gas. Mientras que el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, ya presentó un amparo.

Marijuan, quien actuó de oficio luego de la resolución de la secretaría de Energía que despertó varias críticas, dijo que será materia de discusión judicial si es abuso de autoridad e incumplimiento de deberes "es la calificación que corresponde".

"El Código Penal en el artículo 248 establece justamente dictar resoluciones contrarias a la ley. Y como decía el efecto jurídico del pago es la ley misma, porque está establecido así en el Código Civil", expresó.

Además, adelantó que la denuncia será sorteada entre los jueces federales de Cámara. Y que la jueza Servini de Cubría será por el momento la encargada de estudiar el tema.