Olavarría: sangre, barro y bronce en la trama represiva

Por
Silvana Melo y Claudia Rafael

El paso feroz y arrasador de los desaparecedores por una sociedad acotada y centinela obliga –cuando todos saben a fondo quién es quién, cuál es la historia de cada baldosa y de cada rostro– a una extraña reconstrucción. Cómo se rearman los lazos sociales cuando un huracán deposita sobre la mesa del almuerzo, con la fiereza más profunda, una historia inesperada con nombres tan conocidos, tan poderosos, tan respetables, tan intocados. La aparición de Ignacio Guido provoca en Olavarría una conmoción diferente. Por el simple hecho de que se trataba de un bebé arrancado a la vida entre la tortura y la oscuridad. Olavarría, como tantas ciudades de sus dimensiones, tiene que hacer las cuentas con su propio espejo.
Con aquel que era simplemente el dueño de una pequeña pinturería y pugnaba por vender información sobre el destino de desaparecidos a sus padres. Con aquel que era periodista y parecía conocer con demasiada precisión detalles de un martirio.
Con aquel oficial de Inteligencia, Benjamín Cristoforetti, que era una figura bien casada con una olavarriense, condecorado por asesorar a los narcogenerales bolivianos en el golpe de 1980 y del que en esos tiempos se rumoreaba que había logrado esconder al dictador Luis García Meza en los cuarteles. Con aquel electricista que convocaron a Monte Peloni para reparar el generador de electricidad y se encontró con un infierno impensado.
Con aquel oficial Filiberto Salcerini que se casó con una de las hermanas Fassina (que, cómo no, tienen una calle con su nombre en Olavarría Norte) y se metió en la familia de Francisco Aguilar. Con aquel intendente Carlos Portarrieu, mano política de la dictadura, que dispuso controlar la natalidad de los pobres para evitar la profusión de “hijos de alcohólicos y sifilíticos”.
Con aquellos amigos del teniente coronel Ignacio Aníbal Verdura, que lo adularon en una solicitada y nunca dejaron una silla vacía en los almuerzos bacanales donde los empresarios hablaban de sus caleras (hay testimonios que aseguran que el destino de algunos muertos fueron las enormes oquedades de la tierra), de sus estancias con puesteros humildes y sin hijos, de la caridad parroquial de sus mujeres para con los niños que ellos mismos hambreaban o a los que alteraban su historia y su identidad.

Una F-100 celeste. En esas comunidades, los impactos son diferentes justamente porque los responsables y la gente de a pie caminan por las mismas calles y se cruzan en el banco y en las oficinas municipales. Y esos apellidos fundacionales mantienen un halo de procerato y respetabilidad. Las grandes ciudades protegen con el anonimato. Las pequeñas, están rodeadas de espejos. Espejos, ciudades, donde es inevitable aparecer y verse y admitirse otro.
Entonces, ¿cómo María del Carmen Fernández no iba a reconocer a aquel que portaba el cuerpo estragado de su hermano al cementerio municipal, si vivían en el mismo barrio? ¿Cómo no iba a reconocer a la distancia la figura amenazante de Omar Pájaro Ferreyra a bordo de una camioneta F-100 celeste aquel noviembre de 1977 a las seis de la tarde? ¿Cómo no iba a saber que era él uno de los que dejaron el ataúd y fugaron? ¿Cómo no iba a saberlo María del Carmen si lo veía pasar por su barriada casi a diario con un Fiat 1500 clarito?
Veintiséis años más tarde, en diciembre de 2003, el intendente municipal Helios Eseverri lo elevó a la categoría de director de Control Urbano y visibilizó la figura de aquel sargento oscuro y feroz que hasta entonces había logrado permanecer en las sombras. El mismo que estampó su firma durante más de dos años en los carné de conducir, el mismo que escapó a paso raudo por los pasillos comunales cuando Araceli Gutiérrez, sobreviviente de Monte Peloni, lo persiguió junto a Miriam Lewin, con un micrófono y una cámara, al grito de “¿te acordás de los compañeros que torturaste?”, el mismo que el 22 de septiembre próximo estará sentado junto a otros tres represores para ser juzgado por delitos de lesa humanidad.

El electricista. En las calles y en los recovecos cotidianos conviven muchos protagonistas. En el barrio CECO, por ejemplo, construido por el sindicato mercantil a mediados de los ‘70, confluían trabajadores, suboficiales del Ejército y algunos militantes. Y en una de sus típicas casitas a dos aguas, a 5 kilómetros del microcentro olavarriense, había también un electricista: Ivaldo. A principios de 1977, lo había convocado el teniente coronel Ignacio Aníbal Verdura para que hiciera una serie de instalaciones eléctricas en un viejo casco de estancia. Era Monte Peloni. El electricista no imaginaba que su instalación eléctrica sería destinada para el suplicio.
Algunos meses más tarde, lo llamaron nuevamente: el equipo electrógeno se había dañado. Dentro del horror, alcanzó a reconocer a Rubén Horacio Sampini, conscripto secuestrado, y a Araceli Gutiérrez, la única mujer que sobreviviría a su secuestro. “Todos los detenidos se encontraban en pésimo estado físico, con las muñecas atadas a las camas de resortes y vendados los ojos”, relató Ivaldo en 1984 a la Justicia penal. En la misma declaración se lee “los torturadores eran suboficiales del regimiento”. Y nombra a los sargentos Padilla y Córdoba, también del barrio CECO.

Empresarios y médicos. Todo se entremezcla en una ciudad de dimensiones humanas. Los nombres de Carlos Francisco Aguilar (apropiador de Ignacio Guido Montoya Carlotto) y de Julio Sácher (médico de Policía cuyo nombre aparece en el certificado de nacimiento) cayeron en la ciudad como una bomba atómica. Aguilar, como parte de aquella clase con poder empresarial, ganadero, mediático, integrante de ese concepto tradicional de fuerzas vivas que asume que el resto no son más que fuerzas muertas o, al menos, agonizantes. Sácher, como parte, también, de aquella clase, con el aditamento de haber sido ginecólogo y médico de Policía en tiempos de atrocidades institucionales. Las historias que danzan a su alrededor (ya tiene casi 80 años y sigue ejerciendo la profesión) son siniestras.

Canteras y cemento. Loma Negra fue simiente de la impronta cultural y productiva olavarriense hasta hace pocos años. Ignacio Guido Montoya Carlotto creció en la estancia Los Aguilares, ahí no más de Cerro Sotuyo, donde hizo la primaria. La declaración –en 1984 ante el juzgado Penal de Azul– del carpintero Miguel Angel Fuhr hablaba de cadáveres que “hacían volar con barrenos en una cantera de Cerro Sotuyo, o los cremaban en una cantera de Sierras Bayas y, sobre todo, los tiraban en una abandonada de Loma Negra, llena de agua”.
Hoy, Ignacio Guido vive, justamente, en Loma Negra. Desde su casa se ve la fábrica, como una presencia totémica, señera, vigilante. Determinante. La fábrica de la empresa que aumentó sus dividendos después del secuestro y asesinato de Carlos Alberto Moreno, abogado que litigó en casos de obreros afectados de silicosis. A la cementera le estaban costando caros los juicios laborales, y la inversión necesaria para que las condiciones de trabajo dejaran de enfermar a los trabajadores era mucho mayor de la que la empresa estaba dispuesta a asumir. Loma Negra está investigada por presunta “instigación por codicia” del crimen de Moreno.
Las puertas al horror se abren, violenta y paradójicamente, con un episodio generador de una oleada de alegría y emoción mayoritarias: el regreso de un nieto apropiado. Un delito de lesa humanidad que no les fue posible justificar. A tal punto, que el editorial de La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, decía el 9 de agosto: “Nadie que no fuera un desalmado dejaría de alegrarse de que Ignacio Hurban haya recobrado su verdadera identidad. La suya, si se quiere, es una historia con final feliz, y enhorabuena que así sea. Pero ello no cambia nada de la militancia terrorista de sus padres”.

Emblemas. La soledad de los familiares en las comunidades del interior suele ser arrasadora. La imagen de Olga Aredez sola, dando vueltas a la plaza de Libertador General San Martín en Jujuy, reclamando por la desaparición de su marido, médico en el Ingenio Ledesma, es un ícono del desamparo de madres y padres a partir de la connivencia y/o la cobardía de las sociedades. Como lo fue en Olavarría aquella figura ecuatoriana de Alfredo Pareja entregando en una esquina del centro volantes que armaba en su propia imprenta denunciando el horror. Los dictadores le habían devorado a su hijo José Alfredo.
Los nombres y apellidos empoderados por tanta injusticia de la historia incluyen a un intendente democrático que aceptó ser intendente de los genocidas y al que nadie aún logró quitarle el bronce. A quien se le perdonó, incluso, haberse negado a volar en 1980 el tramo de la ruta 226 entre la ciudad y el Regimiento, tramo que impedía el flujo rápido del arroyo Tapalqué inconteniblemente salido de cauce. Intendente que prefirió la tragedia aluvional, la destrucción y una veintena de muertos antes que fastidiar a los militares con la inundación de sus cuarteles. Esa misma inundación se llevó, según las autoridades del Registro Civil, actas de nacimientos, entre ellas, la de Ignacio Guido.
Nombres y apellidos en los que se incluye, también, los de la figura emblemática de Amalia Lacroze de Fortabat, ícono del poder y la beneficencia de la ciudad. Fortabat que sobrevivió a todo: a los despidos en Loma Negra y a las prejubilaciones compulsivas en tiempos en que los trabajadores decían por lo bajo “no… la señora, de todo esto, no sabe nada”. Y, para una mayoría, sobrevivió también a las investigaciones dirigidas a su empresa por la desaparición y homicidio del abogado Carlos Alberto Moreno.
Nada altera algunos bronces en las comunidades tabicadas. Al menos, hasta ahora.

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