Una investigación por tráfico y comercialización de estupefacientes en dos cárceles bonaerenses sumó nuevos avances luego de que la Fiscalía solicitara la detención y declaración indagatoria de cuatro personas y la ampliación de la imputación de otras seis que ya se encontraban procesadas.

La causa es llevada adelante por la fiscal subrogante de la Sede Fiscal Descentralizada Azul, María José Buglione, y la fiscal general subrogante del Área de Litigio de la Región bonaerense de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Patricia Cisnero.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, son diez las personas que habrían integrado una organización dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización, con actividad dentro y fuera de las unidades penitenciarias N.º 2 de Sierra Chica y N.º 32 de Florencio Varela.

La pesquisa sostiene que la estructura habría funcionado al menos desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. La investigación distingue entre quienes presuntamente abastecían de droga a los establecimientos penitenciarios y quienes, encontrándose privados de su libertad, se ocupaban de distribuirla y venderla a otros internos.

El caso se inició en mayo de 2024 a partir del análisis de un teléfono celular secuestrado en otra investigación. Una conversación registrada el 15 de marzo de ese año permitió detectar que un detenido negociaba la compra de estupefacientes desde el interior de la Unidad N.º 2 de Sierra Chica.

A partir de esa información se analizaron comunicaciones, movimientos bancarios, datos aportados por el Servicio Penitenciario Bonaerense, declaraciones testimoniales y los resultados de allanamientos y requisas.

En septiembre de 2025 se realizaron procedimientos en domicilios y celdas vinculados con la causa, donde se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones y estupefacientes. Entre lo incautado había casi 900 gramos de cocaína y más de medio kilo de marihuana, parte de la sustancia ya fraccionada y acondicionada para su venta.

La investigación permitió identificar 19 hechos concretos relacionados con la venta, ingreso o gestión de estupefacientes. También se detectaron comunicaciones en las que se habría coordinado el ingreso de droga mediante visitas para su posterior comercialización dentro de los pabellones.

Otro de los elementos centrales de la causa fue el análisis de los movimientos bancarios. Tres informes elaborados por la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal detectaron transferencias entre personas privadas de su libertad y personas que se encontraban fuera de las unidades, además de la utilización de cuentas de terceros para recibir y transferir dinero.

Uno de esos informes determinó que A.M.G., señalado como uno de los principales eslabones de la organización investigada, registró entre abril de 2024 y abril de 2025 ingresos superiores a 235 millones de pesos y transferencias salientes por más de 152 millones, pese a encontrarse detenido y no registrar inscripción como contribuyente.

En el marco del avance de la causa comenzó una nueva ronda de declaraciones indagatorias por disposición del juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio. La Fiscalía solicitó convocar a cuatro personas a prestar declaración indagatoria y ampliar las declaraciones de otras seis respecto de los nuevos hechos incorporados a la investigación.

Fuente: Fiscales.gob