Con el debate en el Senado nacional sobre el proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privad" -que en los hechos derogaría los controles vigentes sobre la extranjerización de tierras- previsto para mañana, un informe del Observatorio de Tierras cobra especial relevancia para la séptima sección electoral.

El Observatorio, integrado por investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el CONICET, presentó un mapa interactivo desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del CONICET e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA).

El informe revela que aproximadamente el 5% del territorio nacional está en manos de firmas o estados extranjeros, lo que representa más de 13 millones de hectáreas, una extensión equivalente a la superficie total de Inglaterra.

General Alvear registra 7.021 sobre 311.480, algo más del 2%.

En la séptima sección electoral, las hectáreas en poder de extranjeros ascienden a 83.624,16. Azul y Olavarría concentran cerca de 50.000 de esa cifra: en Azul son 25.343,30 sobre un total de 637.720 hectáreas (poco más del 4%), mientras que en Olavarría las hectáreas extranjeras son 25.256,27 sobre 708.135,94, también en torno al 4%.

El resto de los distritos de la sección también registra presencia de capitales no argentinos. En Bolívar, 5.501 hectáreas de las 471.746,38 que tiene el partido están en manos extranjeras. En 25 de Mayo son 5.906 sobre 455.265. Roque Pérez cuenta con 4.487,54 hectáreas en poder extranjero sobre un total de 150.496, lo que representa cerca del 3%. General Alvear registra 7.021 sobre 311.480, algo más del 2%. En Tapalqué son 4.517 sobre 402.552, y en Saladillo 5.590 sobre 257.860,08.

El debate en el Senado de mañana llega en un contexto de fuerte resistencia política y social al proyecto oficialista. Sectores del peronismo, el radicalismo y organizaciones sociales y académicas se oponen a la iniciativa y convocaron a una movilización al Congreso, argumentando que eliminar los controles sobre la extranjerización de tierras afecta la soberanía del país sobre sus recursos estratégicos.

El intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, fue uno de los dirigentes de la séptima sección que alzó la voz: "La soberanía también se defiende cuidando la tierra. Sin límites, sin registro y sin control estatal, el país pierde capacidad para proteger recursos estratégicos y planificar su desarrollo".

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