El diputado bonaerense de Fuerza Patria, Alejandro Acerbo, presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para modificar el régimen vigente sobre el uso productivo de las banquinas de rutas provinciales y otorgar mayor autonomía a los municipios en la administración de esos espacios.

La iniciativa busca reemplazar la actual Ley 10.342, sancionada en 1985, y permitir que los intendentes puedan gestionar directamente los permisos de siembra en las franjas lindantes a las rutas, además de administrar los recursos económicos que se generen por esa explotación.

Actualmente, la normativa establece que los municipios pueden otorgar permisos únicamente con autorización de la Dirección de Vialidad provincial y fija una distribución obligatoria de los fondos obtenidos:

60% para Consejos Escolares

20% para Bomberos Voluntarios o entidades de bien público

20% para mantenimiento vial municipal.

El proyecto impulsado por Acerbo elimina ese esquema automático y propone que el dinero ingrese directamente a las arcas municipales, quedando sujeto a lo que determine cada ordenanza local. La única obligación prevista es destinar al menos un tercio de los ingresos al mantenimiento de caminos rurales y banquinas.

La propuesta también amplía los plazos de explotación: mientras la ley vigente contempla permisos anuales, la nueva iniciativa habilita autorizaciones de hasta tres años, con posibilidad de renovación, buscando brindar mayor previsibilidad tanto a productores como a los gobiernos locales.

Municipios que ya explotan banquinas

Aunque el debate volvió a instalarse en la Legislatura bonaerense, la utilización productiva de banquinas no es nueva en distintos distritos rurales de la provincia. Desde hace años, varios municipios realizan convenios con productores frentistas para sembrar soja, trigo o maíz en sectores adyacentes a rutas provinciales y caminos rurales.

En muchos casos, las comunas licitan esos espacios o entregan permisos temporarios para obtener recursos destinados al mantenimiento vial. Según argumentó Acerbo en los fundamentos del proyecto, los municipios cuentan con mejores herramientas operativas para fiscalizar y administrar esos sectores debido a su cercanía territorial y conocimiento de las realidades locales.

Además, algunos intendentes vienen reclamando desde hace tiempo mayor flexibilidad en el uso de esos fondos ante la caída de la coparticipación y las dificultades financieras que atraviesan los distritos bonaerenses.

El proyecto también reabre la discusión sobre la seguridad vial y el destino de los recursos generados por estas

explotaciones. La iniciativa prohíbe expresamente la instalación de alambrados, boyeros eléctricos o cualquier elemento que pueda afectar la visibilidad o la circulación en rutas provinciales.

A su vez, la Provincia mantendría facultades para convalidar, rechazar o revocar permisos por razones de interés público o seguridad vial.

En paralelo, el diputado nacional del PRO, Javier Sánchez Wrba, presentó una iniciativa similar para rutas nacionales. Sin embargo, a diferencia del proyecto bonaerense, la propuesta nacional plantea que la administración continúe en manos del Estado nacional y que los fondos se destinen exclusivamente al mantenimiento de la infraestructura vial.