Sociedad
Las plataformas deben asumir mayores responsabilidades en materia de controles y publicidad. Y el Estado tiene la obligación de generar reglas claras que prioricen la protección de las infancias y adolescencias.
19 de agosto de 2026
La reciente campaña impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pone el foco sobre una problemática que crece de manera silenciosa y merece toda nuestra atención. Bajo una consigna tan sencilla como contundente «Parece un juego entre amigos, pero es una trampa», la iniciativa invita a reflexionar sobre el avance de las apuestas online entre niños, niñas y adolescentes y sobre la necesidad de involucrarnos, como sociedad, en su prevención.
Las apuestas online y los PRODES se instalaron en muchos grupos de adolescentes como una forma más de entretenimiento. Lo que para muchos comienza como una competencia entre amigos o una apuesta para hacer más emocionante un partido puede convertirse, sin que nadie lo advierta, en un circuito de pérdidas económicas, endeudamiento, ansiedad y deterioro de los vínculos familiares.
Los datos reflejan la magnitud del problema. Según UNICEF Argentina, ocho de cada diez jóvenes menores de 25 años apostaron alguna vez y la edad de inicio ya descendió hasta los 12 y 13 años. Es decir, hablamos de chicos y chicas que todavía están construyendo herramientas para reconocer situaciones de riesgo, pero que ya conviven con una oferta permanente de apuestas disponible desde su celular.
Durante mucho tiempo, apostar implicaba ir a un casino, a una agencia o a un hipódromo, por ejemplo. Había un espacio físico, una edad mínima y una conciencia social de que se trataba de una actividad destinada exclusivamente a personas adultas. Hoy esa percepción cambió por completo. Las apuestas online suelen presentarse con la apariencia de un entretenimiento cotidiano: un PRODE entre amigos, una apuesta durante un partido, un streamer que celebra cuánto ganó, un bono de bienvenida o una publicidad que aparece entre una jugada y otra. El juego dejó de percibirse como una conducta de riesgo y pasó a integrarse de manera casi natural al consumo digital de muchos adolescentes.
Esa naturalización constituye uno de los mayores desafíos para la prevención. La ludopatía juvenil no empieza con una deuda. Empieza cuando apostar deja de percibirse como una conducta de riesgo y pasa a formar parte del entretenimiento cotidiano. En ese momento, el problema ya comenzó, aunque todavía no haya pérdidas de dinero. Las deudas, la ansiedad, las mentiras para conseguirlo y el deterioro de los vínculos familiares suelen llegar después.
No podemos seguir abordando las apuestas online como si fueran un problema exclusivamente individual cuando, en realidad, estamos frente a un fenómeno social, tecnológico y cultural que interpela a las familias, a las instituciones educativas, a las plataformas digitales y al Estado.
Aunque las apuestas online están prohibidas para menores de edad, muchos adolescentes logran acceder mediante intermediarios conocidos como «cajeros». Se trata de personas que reciben transferencias a través de billeteras virtuales y cargan saldo en plataformas ilegales o clandestinas, sorteando los mecanismos de control.
Este circuito demuestra que el problema no se limita al acceso a las plataformas. Existe un entramado que facilita el ingreso de menores a un sistema pensado para mantenerlos jugando el mayor tiempo posible. En los barrios más vulnerables, cuando las deudas crecen, incluso pueden aparecer prestamistas informales vinculados a economías ilegales, profundizando situaciones de enorme vulnerabilidad.
La evidencia disponible muestra que este fenómeno impacta con mayor intensidad sobre los varones adolescentes. Lejos de responder a una cuestión biológica, esta diferencia se explica por factores culturales. Las apuestas deportivas encontraron un terreno especialmente fértil en consumos históricamente asociados a los varones, como el fútbol, los videojuegos competitivos y determinados contenidos de streaming e influencers.
La promesa de demostrar quién sabe más de fútbol, anticipar un resultado o ganar dinero de manera rápida termina ocultando que detrás de esas plataformas existe un modelo de negocio diseñado para incentivar la permanencia y la repetición del juego.
Frente a este escenario, la prevención no puede recaer únicamente sobre los adolescentes. Somos los adultos quienes debemos construir entornos más seguros para que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse sin quedar expuestos a una oferta permanente de juego.
Las familias ocupan un lugar insustituible. Hablar sobre apuestas, conocer las aplicaciones que utilizan los hijos, acompañar el uso de celulares y billeteras virtuales y prestar atención a cambios de conducta o movimientos inusuales de dinero son acciones que pueden marcar una diferencia.
Pero también es fundamental que las escuelas, los clubes, las organizaciones comunitarias y los equipos de salud incorporen esta problemática como parte de la agenda de prevención.
Al mismo tiempo, resulta injusto trasladar toda la responsabilidad a madres, padres o cuidadores. Ninguna familia puede enfrentar sola un ecosistema digital diseñado para captar la atención de los adolescentes las 24 horas del día. La prevención requiere una comunidad involucrada y un Estado presente que acompañe con políticas públicas, información y herramientas concretas.

Las campañas de concientización son fundamentales, pero por sí solas no alcanzan. La velocidad con la que crecen las apuestas online y la facilidad con la que llegan a niños, niñas y adolescentes obligan a acompañar la prevención con un marco regulatorio actualizado.
Hoy existen iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la prevención de la ludopatía y a regular la publicidad de las apuestas online, especialmente aquella que alcanza a adolescentes a través de redes sociales, plataformas digitales y eventos deportivos. Sin embargo, el debate aún no se ha traducido en una respuesta integral capaz de acompañar la velocidad con la que evoluciona este fenómeno.
Resulta una contradicción que una actividad prohibida para menores encuentre, al mismo tiempo, múltiples formas de promocionarse en los mismos espacios digitales donde niños y adolescentes pasan buena parte de su vida cotidiana.
La experiencia demuestra que ninguna estrategia aislada alcanza. Las familias tienen un rol irremplazable. Las escuelas deben incorporar herramientas de prevención y educación digital. Las plataformas deben asumir mayores responsabilidades en materia de controles y publicidad. Y el Estado tiene la obligación de generar reglas claras que prioricen la protección de las infancias y adolescencias.
Porque, como advierte la campaña de la Defensoría del Pueblo, puede parecer un juego entre amigos. Pero detrás de esa apariencia se esconde una trampa que compromete no solo el presente de miles de adolescentes, sino también la manera en que estamos construyendo los entornos digitales en los que crecerán las próximas generaciones.
Proteger a las infancias y adolescencias frente a este fenómeno no es una opción ni puede quedar librado únicamente a la voluntad de las familias. Es una responsabilidad compartida que exige compromiso social, prevención sostenida y decisiones políticas capaces de acompañar los cambios tecnológicos y culturales de nuestro tiempo. Si una actividad reservada para personas adultas logra instalarse entre adolescentes con la apariencia de un juego, ya no estamos frente a un problema individual estamos frente a un desafío colectivo que interpela al Estado, a las instituciones y a todos nosotros como sociedad.
Walter Martello
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