Tras la designación de Jorge Ferraresi como interventor de Edesur, el Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) amplió la denuncia que ya había presentado en el Juzgado Federal de Julián Ercolini. ¿Qué pidió el gobierno?

La presentación que lleva la firma de Walter Martello, titular del ENRE, y del abogado Miguel Priolo solicita que se le prohíba salir del país a los directivos del la concesionaria del servicio eléctrico. La restricción sería para "Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro".

Los funcionarios hicieron un pedido de este calibre para evitar que los directivos de Edesur "se sustraigan de comparecer a derecho en la presente investigación". Mientras se esperan los resultados de la auditoría que está realizando el organismo de control, la vía judicial del contiene las primeras conclusiones del rol de Edesur en los apagones masivos.

En la ampliación de la denuncia que se presentó ayer, Martello aseguró que detectaron detectó desvíos y demoras entre la base de reclamos de cortes y la información que brindó la empresa, entre otras deficiencias.

"La Distribuidora incumple en forma recurrente y sistemática con los parámetros de calidad media y, ante eventos de magnitud, los procedimientos operativos de atención de reclamos y reposición de suministros fracasan reiteradamente, denotando déficits de recursos, de planificación operativa y de inversiones", precisaron. En la misma línea, mencionaron que las instalaciones que son del área de concesión de Edesur "no están siendo reparadas al ritmo de las necesidades del servicio público".

Las conclusiones del ENRE

Como se ve, el documento presentado ante Ercolini es muy crítico de la gestión de Edesur y de sus directivos. De hecho contiene una fuerte acusación vinculada a la intención de Enel de vender la empresa. "Edesur SA ha perdido la capacidad operativa de la concesión en forma intencional. Es clara la decisión de sus directivos de abandonar el país incumpliendo dolosamente sus obligaciones", expresa.

En síntesis, para el gobierno hay un "estado de déficit de la gestión operativa en términos de atención primaria de reclamos, reposición de suministro, operación de instalaciones, mantenimientos correctivos en tiempo y forma". Esto se debería "la clara intención de los directivos de EDESUR de frustrar dolosamente el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de concesión de distribución de energía eléctrica para su área de incumbencia en forma inexcusable".