En enero de 2026, los municipios de la provincia de Buenos Aires recibieron transferencias por parte del gobierno provincial que, si bien registraron un aumento en términos nominales de 29,4% con respecto a enero de 2025, mostraron una caída en términos reales al descontar el efecto de la inflación de 2,24%. De este modo, los recursos para los gobiernos locales perdieron poder de compra en comparación con el mismo mes del año anterior. Así lo refleja un informe de la Consultora PPA al que accedió Séptima Sección.

El análisis evidencia que la principal caída se produjo en la Coparticipación Bruta, el componente más relevante de las transferencias, lo que impactó de manera directa en la disponibilidad de recursos de libre uso por parte de los municipios. Esta caída impacta sobre todo en aquellos municipios que tienen un CUD (el índice con el que la Provincia reparte los fondos entre los distritos) más bajo que en 2025

En el primer mes del año 2026, los municipios de la región recibieron los siguientes montos totales: Azul $3.279 millones; Bolívar $2.607 millones, General Alvear $1.040 millones; Olavarría $4.528 millones; Roque Pérez $890 millones; Saladillo $1.363 millones; Tapalqué $1.253 millones y Veinticinco de Mayo $2.133 millones.

Mirando la variación con respecto al mes de enero de 2025, y descontando el efecto de la inflación, tres distritos de la sección recibieron más fondos: Roque Pérez (+3,41%), Tapalqué (+1,19%) y Saladillo (+0,76%). El resto tuvo una caída real en los ingresos provenientes de la Provincia, encabezados por Azul (-2,51%), General Alvear (-1,45%), Bolívar (-1,45%), Olavarría (-1,28%) y Veinticinco de Mayo (-0,23%).

Asimismo, se observa un cambio en la composición de los recursos transferidos, con un mayor peso relativo de fondos con asignación específica. En este marco, el informe de PPA advierte sobre un cambio estructural que enciende señales de alerta en las intendencias: la Coparticipación Bruta, principal fuente de recursos de libre disponibilidad, registró una fuerte caída de 10,4%, parcialmente compensada en el agregado por otros fondos pero que deben destinarse a finalidades determinadas, como infraestructura escolar u obras específicas, lo que reduce la flexibilidad presupuestaria y limita el margen de decisión sobre el gasto público local.