Cada 6 de junio se conmemora el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, una efeméride que fin concientizar a la población sobre la importancia de donar órganos para salvar vidas. ¿Cuál es el origen de este día y qué dice la legislación argentina respecto a este tema?

Esta fecha conmemorativa fue impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de fomentar una cultura de donación de órganos y dar una oportunidad de continuar viviendo a las personas que se encuentran en lista de espera, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos casos los trasplante son su última alternativa de vida.

Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en Argentina 7.158 personas necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento, 749 trasplantes de órganos y córneas se realizaron este año, 340 personas donaron sus órganos este año y 7,22 es la cantidad de donantes por cada millón de habitantes.

¿Cuáles son los derechos de los pacientes trasplantados y de los donantes de órganos?

En nuestro país, la donación de órganos está regulada por la Ley N° 27.447, la denominada Ley Justina. La normativa fue sancionada en 2018 en homenaje a Justina Lo Cane, una niña de solo 12 años que necesitaba un trasplante de corazón. La joven esperó su trasplante durante 4 meses, pero éste nunca llegó.

De acuerdo con esta ley, se puede realizar la ablación de órganos a toda persona mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a la donación. Además, una persona con vida también puede donar órganos. Para ello, es necesario que sean personas capaces, mayores de 18 años, que la donación que no cause un perjuicio grave a la salud del donante y que existan posibilidades de éxito para la salud del receptor.

En este marco, las personas donantes y receptoras de órganos, tejidos y células tienen los siguientes derechos:

Derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad: no se puede dar a conocer la identidad de los donantes y receptores salvo que la persona lo declare en forma pública.

Derecho a la integridad: los probables beneficios de la práctica deben ser mayor que los riesgos o costos para el ser humano.

Derecho a la información: se debe informar de manera clara sobre los riesgos, secuelas, evolución y posibles complicaciones de los procedimientos médicos.

Derecho al trato equitativo e igualitario: derecho a la igualdad de trato sin discriminación.

Derecho a la cobertura integral del tratamiento y del seguimiento posterior.

Derecho al traslado prioritario por vía aérea o terrestre de las personas que deban trasladarse para un trasplante, junto a un acompañante.

Cabe remarcar que la totalidad de la persona trasplantada tiene derecho a la cobertura de la totalidad de los medicamentos, estudios, diagnósticos y prácticas de atención, con todas las patologías que estén directamente relacionadas con el trasplante.