El intendente Ramón José Capra rechazó mediante el Decreto N° 314/2026 la Ordenanza Municipal N° 2685/2026, sancionada días antes por el Honorable Concejo Deliberante de General Alvear. La medida vetada había sido impulsada por el Bloque PJ Fuerza Patria y disponía la suspensión de aumentos salariales para el personal superior y jerárquico del municipio, al tiempo que limitaba las bonificaciones por función con el objeto de redirigir los recursos hacia los trabajadores de menores ingresos.

La ordenanza vetada había propuso congelar los aumentos del sueldo básico del personal superior desde la presentación del proyecto hasta el 31 de octubre de este año. La lista de cargos afectados incluía al propio intendente, secretarios de gobierno, directores generales, contador, tesorero y otros funcionarios.

El Ejecutivo municipal, a través de un decreto fundado en consideraciones jurídicas, argumentó que la iniciativa presupuestaria es una potestad exclusiva del Departamento Ejecutivo, delegada constitucionalmente, y que el Concejo Deliberante carece de atribuciones para modificar partidas de personal una vez aprobado y en ejecución el presupuesto, salvo a instancias del propio intendente. Citó en su respaldo fallos del más alto tribunal provincial y disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, del Convenio Colectivo de Trabajo y del Reglamento de Contabilidad para las municipalidades bonaerenses.

Entre los argumentos técnicos, el decreto advirtió que excluir del aumento a la categoría 4 ingresante de 35 horas semanales traería consecuencias no previstas: al estar ese escalafón como base de cálculo de becas deportivas, derechos previsionales y bonificaciones en el área de salud, el congelamiento habría impactado negativamente sobre personas que ni siquiera son personal de planta política. El intendente sostuvo que la medida, presentada como una señal de equidad, en realidad generaría nuevas inequidades.

El Ejecutivo también indicó que los acuerdos salariales con el personal municipal se negocian de manera paritaria con el Sindicato de Trabajadores Municipales de General Alvear, siendo ese el único ámbito legítimo para definir actualizaciones de haberes, y que tanto el gremio como la municipalidad son los únicos actores con representatividad reconocida para esa instancia. Finalmente, advirtió que la insistencia del Concejo en sostener la ordenanza podría derivar en la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, según lo previsto por la Constitución provincial para los conflictos internos entre poderes municipales.

La ordenanza había ingresado al Concejo el 15 de mayo y fue aprobada el 20 del mismo mes por mayoría. El veto fue notificado al cuerpo legislativo el 27 de mayo. Ahora, el Concejo deberá decidir si insiste con la norma o la deja caer.