La megacausa iniciada años atrás a policías bonaerenses del área de Seguridad Vial, quienes en Azul y ciudades de la región integraron -según se señala en una resolución judicial-"una asociación destinada a cometer delitos de distinta índole" entre los que figuraron pedidos de coimas a transportistas, tiene nuevos condenados.

Las sanciones más recientes surgieron de un juicio abreviado que firmaron dos de los funcionarios policiales encausados, identificados en el fallo de ese proceso como Julio Ezequiel Olate -oriundo de General Alvear y de 51 años de edad- y Pablo Alejandro Jiménez Chumbita, quien es nacido en San Justo y tiene actualmente 48 años.

En el caso del policía alvearense, un juez le impuso tres años de prisión "de cumplimiento condicional", el pago de una multa y lo inhabilitó de manera "perpetua" para ejercer cargos públicos, tras declararlo en una de las causas tratadas en este proceso autor de los delitos de asociación ilícita en concurso real e ideal con cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, ofrecimiento de dádivas y cohecho activo.

En tanto, por otro de los expedientes judiciales que también lo sigue teniendo imputado, Olate fue sentenciado a las penas ya mencionadas como autor de los delitos de organización y explotación de juego clandestino y de encubrimiento.

Al mismo tiempo, en ese juicio abreviado que también firmara, Jiménez Chumbita recibió tres años de prisión en suspenso, seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y le fue impuesto el pago de una multa.

Ese policía fue declarado autor de los delitos de asociación ilícita en concurso real e ideal con dictado de órdenes ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público, ofrecimiento de dádivas y cohecho activo, "los cuales concurren realmente entre sí", según se refiere en lo resuelto.

Albano Gallicchio y Marcelo Fernández. Respectivamente, el Juez y el Fiscal que intervinieron en este proceso abreviado donde dos policías fueron condenados por cobrar coimas y más delitos. FOTOS: NICOLÁS MURCIA/EL TIEMPO/ARCHIVO

Lo que se probó

El juicio abreviado que se tradujo en las imposiciones de las referidas sanciones para ambos efectivos de seguridad de la Policía bonaerense se tramitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 que tiene su asiento en el segundo piso del Palacio de Justicia de Azul y contó, de manera unipersonal, con la intervención del magistrado Albano Gallicchio.

En el fallo, anunciado días atrás, se indica que "por lo menos" entre "enero y mayo de 2018" la jurisdicción territorial correspondiente al área de Seguridad Vial de la Policía bonaerense comprendida por Azul y más ciudades de la región se convirtió en el ámbito donde los ahora condenados en esta primera instancia y más efectivos de seguridad -algunos de los cuales aún no han sido juzgados- "integraron de manera organizada una asociación destinada a cometer delitos de distinta índole, en perjuicio de particulares transeúntes y de la Administración Pública nacional y provincial indistintamente".

En ese contexto, el comisario Olate y el subcomisario Jiménez Chumbita -desde las seccionales de seguridad donde desempeñaban tareas y manteniendo relaciones entre todos los imputados "por sus vínculos laborales, de amistad o trato frecuente"- concretaron los referidos ilícitos mientras ejercían "funciones propias de control del tránsito vehicular" en un corredor vial que incluía las rutas nacionales 3 y 226.

A través de los destacamentos de Seguridad Vial que están en las ciudades de Azul, Las Flores, Monte y Tandil y en la localidad de Gorchs se concretaron aquellas maniobras delictivas por las que ahora Olate y Jiménez Chumbita, al igual que sucediera en otro proceso abreviado anterior con más policías, resultaron condenados.

"Tales ilícitos sólo podían tener lugar en virtud de la especial situación funcional y la relación que existía entre los imputados, que cotidianamente prestaban servicios en las dependencias a su cargo, con comunicación permanente entre sí, ya sea telefónica o personal, mediante acuerdos expresos o tácitos para coordinar y llevar adelante su accionar ilícito y la omisión de los actos de servicio que sus funciones les exigían", escribió el juez Gallicchio en lo resuelto.

De esa manera, los policías investigados "se recomendaban, remitían o presentaban recíprocamente a empresarios transportistas o choferes que transitaban usualmente por las rutas sujetas a las distintas zonas viales para que entregaran dinero o dádivas a cambio del libre paso por las diferentes jurisdicciones, sin el debido control por los efectivos policiales encargados de la seguridad vial".

También se dio por probado en este juicio abreviado que las "entregas de dinero se efectuaban en diferentes modalidades" a los policías implicados.

En algunos casos "eran recibidas por los sindicados en un destacamento y luego eran repartidas las remesas de dinero hacia los demás destacamentos involucrados". En otros, "el transportista entregaba en cada dependencia vial una suma determinada, correspondiente a cuotas semanales o mensuales".

Además, "en unas dependencias la recaudación era realizada por el propio jefe o subjefe y en otras era encargada a oficiales subalternos que, en tal caso, rendían cuentas a los jefes del Destacamento", quienes "admitían el accionar ilícito de sus subordinados sin realizar acto alguno tendiente a poner fin a las ilicitudes ni sancionarlos de acuerdo a la ley".

En tanto, "al menos desde el 11 de agosto hasta mediados de septiembre de 2018", Julio Ezequiel Olate organizó y explotó -junto con otro sujeto- "mesas de juego clandestino", para lo cual utilizaba como escenario de las mismas un stud que poseía en la ciudad de General Alvear.

Esas partidas de póker y de punto y banca que concretaba le permitieron al por entonces comisario de la Bonaerense obtener, mediante la toma de apuestas, "un beneficio económico de dicha actividad lúdica ilegal, al actuar como banca y manejar los premios y 'pozos', entre otras modalidades".

También Olate, "revistiendo la jerarquía de Comisario, desempeñándose en el Departamento Zonal de Operaciones Vial VI de Azul de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no denunció la comisión de delitos de juego clandestino ni promovió la respectiva persecución penal a pesar de tratarse de delitos de acción pública", se indica en el fallo de este juicio abreviado.

Aquella omisión del cumplimiento de sus deberes de funcionario público la concretó a pesar de tener conocimiento de que en el Club Empleados De Comercio de General Alvear se realizaban dichas reuniones de juego clandestino en diferentes ocasiones, durante el año 2018.

Para los dos policías condenados en este juicio abreviado se valoró, como una circunstancia atenuante, que hasta el momento no registran antecedentes penales. Y en sintonía con lo también acordado por las partes que intervinieron en el proceso -la Acusación la llevó adelante el fiscal azuleño Marcelo Fernández, quien además instruyó esta megacausa penal- se tuvo en cuenta para Olate, pero como una situación agravante de las penas impuestas, "la condición de efectivo policial que detentaba" cuando quedaron al descubierto los ilícitos por los que ahora ha sido condenado en esta primera instancia.

Que fuera policía "importa un mayor reproche penal, por implicar la vulneración del deber de conducta ejemplar y de respeto a la legalidad inherente a la función pública que ejercía", escribió en el fallo el magistrado que intervino en este proceso.

Albano Gallicchio, el juez del TOC 2 que condenó a ambos policías, también a través de lo resuelto se excusó de seguir interviniendo en esta causa penal con relación a los demás efectivos de seguridad que aún tiene que ser juzgados.

Esa decisión obedeció a que ya emitió opinión con relación a las situaciones procesales de dos de los encausados.

El dato

En el marco de los varios allanamientos realizados durante lo que fue esta Investigación Penal Preparatoria se había secuestrado dinero en efectivo. En el fallo del juicio abreviado con veredicto condenatorio para los policías Olate y Jiménez Chumbita, el juez Gallicchio ordenó que esa plata se decomise y sea colocada "a disposición del Estado provincial para los planes de lucha contra la comercialización de estupefacientes y las adicciones".

Cuatro policías, entre ellos uno oriundo de Azul, habían sido los primeros en resultar condenados

Luego de que también firmaron un juicio abreviado, en noviembre de 2023 habían sido condenados cuatro de los efectivos de seguridad de la Bonaerense imputados en esta megacausa por corrupción policial.

En aquel proceso quedó demostrado que ellos también, con las complicidades de los demás policías investigados, cobraban coimas a transportistas mientras desempeñaban tareas en destacamentos de Seguridad Vial que están ubicados sobre la Ruta 3.

Tal lo que EL TIEMPO ya informara años atrás con relación a ese juicio abreviado, entre los condenados figuró un azuleño.

Aquel primer juicio abreviado vinculado con esta causa se había tramitado ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 que tiene sede en el Palacio de Justicia de Azul; y contó con la intervención del juez Luis Surget.

Tres de los funcionarios policiales encausados fueron sentenciados a respectivas penas de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitados de manera "perpetua" para ejercer cargos públicos, según se mencionaba en lo resuelto. Y un cuarto resultó condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el término de seis años.

Ese policía, declarado autor de los delitos de asociación ilícita en concurso real e ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas que concurren realmente entre sí, fue identificado por voceros judiciales como Fidel Prudencio Ovejero.

Nacido en Berazategui, era el titular del Destacamento de Seguridad Vial que, sobre la Ruta 3, está en la localidad de Gorchs cuando figuró investigado en esta causa por corrupción policial.

José Luis Arrubia, oriundo de Azul, Raúl Exequiel Ferreyra -nacido en Verónica y radicado, al momento de sustanciado este proceso abreviado, en la zona rural de la localidad platense de Punta Indio- y Javier Enrique Murray, que es de General Alvear y vive en Las Flores, fueron los efectivos que recibieron las penas más altas en aquel juicio abreviado cuyo fallo se diera a conocer a mediados de noviembre de 2023.

Al igual que para el policía condenado a una pena de ejecución condicional, dichas sanciones incluyeron que a los demás les impusieran también pagos de multas por diferentes valores.

Arrubia desempeñaba tareas en el Destacamento de Seguridad Vial Azul cuando resultó detenido en el marco de esta investigación penal. Y en el proceso abreviado tramitado ante el TOC 1 fue declarado autor de los siguientes delitos: asociación ilícita en concurso real e ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y admisión de dádivas que concurren realmente entre sí.

Ferreyra, un oficial Subinspector de la Bonaerense que era el segundo jefe del Destacamento de Seguridad Vial que está en San Miguel del Monte cuando lo habían detenido en el marco de esta megacausa, resultó condenado por asociación ilícita en concurso real e ideal con cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales que concurren realmente entre sí.

En tanto, Murray ostentaba la jerarquía de Capitán de la Bonaerense -al igual que el azuleño Arrubia- al momento de comenzar a ser investigado por este caso de corrupción policial. Y trabajaba en Vial Las Flores cuando se hizo efectiva su detención, medida concretada -al igual que las demás- durante allanamientos realizados en seccionales policiales el 10 de mayo de 2018.

En el juicio abreviado donde resultó condenado, afrontó la mayor cantidad de cargos en su contra.

Los relacionados con la causa principal tratada en ese proceso derivaron en que fuera declarado autor de asociación ilícita en concurso real e ideal con cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, ofrecimiento de dádivas, exacciones ilegales y peculado de servicios que concurren realmente entre sí. Y por otra causa penal, donde estaba procesado por un hecho ocurrido en Las Flores el 18 de enero de 2012 en perjuicio de un transportista, también fue declarado autor de los delitos de vejaciones y apremios ilegales en acto de servicio en concurso ideal con lesiones leves agravadas por ser los autores miembros de la fuerza pública.

Arrubia, Ferreyra y Murray fueron detenidos en aquellos allanamientos simultáneos que se hicieron el 10 de mayo de 2018 en diferentes destacamentos de Seguridad Vial de Azul y la zona. Y tiempo más tarde sus prisiones preventivas habían sido confirmadas.

Pero con el paso del tiempo todos ellos fueron siendo excarcelados y estaban en libertad condicional cuando resultaron condenados en noviembre de 2023 en aquel juicio abreviado que firmaron.

Considerando las sanciones que recibieron, para cuando se anunciaron las condenas ya habían cumplido las penas que les fueron dictadas desde uno de los tribunales orales con sede en el Palacio de Justicia de Azul.

El Subcomisario que se presentó como un "imputado arrepentido"

Emiliano José Sparaíno, oriundo de Azul, era subcomisario de la Bonaerense y estaba a cargo del Destacamento de Seguridad Vial con asiento en Tandil cuando fue detenido en mayo de 2018 y se convirtió en uno más de los acusados que tiene esta causa penal.

Pero hubo una circunstancia especial que derivó en que -mientras aún espera ser juzgado, al igual que sucede con tres policías más- el 12 de febrero de 2019 fuera excarcelado: se presentó como un "imputado arrepentido" en esta investigación que lo involucra.

Aplicándose por primera vez en el ámbito de la justicia penal provincial dicha figura, ese hombre que actualmente tiene 44 años de edad recuperó la libertad tras haber estado encarcelado durante algunos meses.

En un principio estuvo preso en la Unidad 30 de General Alvear y luego permaneció también en la 7 de Azul.

La decisión de que fuera excarcelado bajo la referida figura había sido ordenada por Juan José Suárez, magistrado que desde el Juzgado de Garantías 3 que conduce en el Palacio de Justicia de Azul intervino durante lo que fuera la sustanciación de esta megacausa por corrupción policial.

A diferencia de los demás acusados, que Sparaíno se haya presentado como un "arrepentido" implicaría que, de resultar condenado en un futuro proceso de enjuiciamiento, la pena que reciba sea inferior a las dictadas por los mismos delitos a los demás encartados.

Básicamente, por la actitud de "colaboración" demostrada en la investigación que lo involucra.

Cuando el 10 de mayo de 2018 se concretaron las detenciones de Sparaíno y de varios policías más sospechados de cobrar coimas a transportistas y de más delitos, de manera simultánea se hicieron allanamientos que estuvieron encabezados por funcionarios judiciales y policías de la Federal.

Las diligencias tuvieron como respectivos escenarios los destacamentos de Seguridad Vial que están en Tandil, Azul, Las Flores y Monte.

En aquella época, el azuleño Sparaíno estaba a cargo de la seccional tandilense; mientras que los demás policías que también fueron apresados ese día desempeñaban funciones en los destacamentos pertenecientes al área de Seguridad Vial que fueron allanados en las referidas ciudades, unidas todas por las rutas 226 y 3.

Entre las pruebas valoradas para darle sustento a las imputaciones que pesan sobre los efectivos de seguridad -seis de los cuales ya fueron condenados en una primera instancia en los juicios abreviados tramitados en noviembre de 2023 y, el más reciente, días atrás- figuraron varias horas de escuchas telefónicas.

Los investigadores las colectaron mediante intervenciones ordenadas desde la Justicia a los celulares de esos funcionarios pertenecientes al área de Seguridad Vial de la Bonaerense imputados en este sumario penal.

Junto con el ya mencionado Sparaíno, los demás funcionarios policiales que todavía tienen que ser juzgados se llaman Martín Adolfo Córdoba, Roberto Horacio Villanueva y Jorge Ismael Pagano.

Fuente: El tiempo