El senador provincial Pablo Petrecca volvió a reclamar por el uso de celulares en las cárceles bonaerenses, luego que nuevos operativos policiales confirmaron que el problema sigue vigente en distintos puntos de la provincia, con casos que alcanzaron a las unidades penitenciarias N° 30 de General Alvear y N° 38 de Sierra Chica, además de la de Olmos.

"Hace 164 días que nuestro proyecto duerme en el Senado. Mientras tanto, Kicillof mira para otro lado y los bonaerenses siguen sufriendo", cuestionó el legislador, quien apuntó directamente contra el mandamás provincial por la falta de tratamiento de su iniciativa para ordenar y controlar el uso de celulares en las cárceles.

"Hace 164 días presentamos en el Senado bonaerense un proyecto para ordenar y controlar el uso de celulares en las cárceles. Hoy, el proyecto duerme en el Senado mientras el gobernador sigue sin tomar una decisión para solucionar este problema", agregó.

El proyecto de Petrecca propone modificar el esquema vigente de comunicaciones para las personas privadas de la libertad y crear un Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS): una plataforma cerrada que permitiría mantener comunicaciones únicamente con contactos previamente registrados y verificados, excluyendo el acceso abierto a internet, redes sociales y otras herramientas no autorizadas. La iniciativa sostiene que el actual sistema de comunicaciones sigue vinculado a un protocolo de emergencia sanitaria implementado durante la pandemia en 2020, y plantea la necesidad de un marco específico y actualizado para regular las comunicaciones desde las unidades penitenciarias.

El planteo de Petrecca surgió luego de un operativo realizado en la Unidad Penitenciaria N° 16 de Junín, a partir de la denuncia de un vecino que recibió mensajes de audio con amenazas a través de WhatsApp. La División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín, junto a la UFI N° 6 y el Servicio Penitenciario Bonaerense, allanó uno de los pabellones del penal y secuestró un celular que habría sido utilizado para las amenazas desde adentro de la unidad.

En paralelo, personal de la Estación de Policía Comunal de General Alvear, bajo intervención de la UFIJ N° 20 del Departamento Judicial Azul a cargo del Dr. Cristian Citterio, avanzó en dos causas que también exponen el uso de celulares desde el interior de las cárceles.

La más relevante fue una investigación por extorsión y asociación ilícita, iniciada tras la denuncia de un vecino de General Alvear que fue intimidado por personas que se hacían pasar por integrantes de la Policía Federal. Según la información policial, los involucrados simulaban investigar a la víctima en el marco de una falsa causa penal y le exigieron transferencias bancarias por un total de $2.460.000.

A partir de esas tareas, el 2 de septiembre se realizaron tres allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Federico Barberena, en tres dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense: la Unidad Penitenciaria N° 30 de General Alvear, la Unidad Penitenciaria N° 38 de Sierra Chica y la Unidad Penitenciaria de Olmos. En los tres procedimientos se secuestraron celulares y distintas anotaciones.

El hecho confirma que la maniobra extorsiva se coordinó de manera simultánea desde al menos dos unidades penitenciarias distintas -General Alvear y Sierra Chica-, además de la de Olmos, lo que evidencia que el uso irregular de celulares dentro de los penales bonaerenses no se limita a un caso aislado sino que atraviesa a distintos establecimientos del sistema.

En simultáneo, la misma UFIJ investigó otro hecho: la estafa sufrida por un vecino de General Alvear que había contactado, a través de Facebook, a una presunta casa de repuestos, y transfirió una importante suma de dinero para comprar autopartes que nunca le entregaron. La investigación derivó en un allanamiento el 4 de septiembre, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Azul a cargo del Dr. Juan José Suárez, en un domicilio de Mar del Plata donde fue localizado el imputado, Brandán, de 26 años, a quien también le secuestraron un celular vinculado a la maniobra.

Con los casos de Junín, General Alvear, Sierra Chica y Olmos ocurridos en cuestión de días, el reclamo de Petrecca por la falta de tratamiento legislativo de su proyecto cobra nueva relevancia.

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